La Universidad de Michigan terminó un año de conjeturas el martes: su sitio preferido para el centro de cómputo de investigación de Los Álamos — un centro de datos en traje académico, valuado por la universidad en aproximadamente $1,200 millones — son 144 acres en Textile Road cerca de Bridge Road en el municipio de Ypsilanti, en el extremo oriental del condado de Washtenaw, junto al río Huron. El lenguaje de la universidad es puro superlativo: un «centro de cómputo de investigación emblemático», poder de cómputo para «los desafíos más complejos del mundo», unos 200 empleos con promedio de $200,000 al año. El estado comprometió $100 millones en diciembre de 2024. El socio es el Laboratorio Nacional de Los Álamos — el laboratorio de seguridad nacional famoso por el Proyecto Manhattan — que es precisamente la asociación que algunos vecinos no logran tragar.
La respuesta del municipio llegó el mismo día, y no fue una solicitud de más información. La supervisora Brenda Stumbo llamó el anuncio «una parodia de justicia» y, en segunda sesión, «ofensivo, repugnante y asqueroso para nuestra comunidad». El abogado municipal Doug Winters lo puso en tres palabras — «Vamos a pelear» — y en dos más, llamando la elección del sitio «racismo ambiental»: Planet Detroit señala que el ingreso per cápita del municipio ronda los $36,000 contra $53,000 del condado, y los residentes llevan un año preguntando por qué el proyecto de infraestructura más grande de la región sigue gravitando hacia el lado barato de la línea del condado. La oposición no es nueva ni improvisada: el municipio aprueba resoluciones contra el proyecto desde el verano pasado, y en abril la Autoridad de Servicios Públicos de la Comunidad de Ypsilanti impuso una moratoria de 12 meses a las conexiones de agua para centros de datos. La representante Debbie Dingell ha criticado la transparencia de la universidad. Los temores declarados de los residentes van desde la capacidad de agua hasta el más directo — que una sociedad con Los Álamos significa investigación de armas nucleares en la puerta de al lado, y la atención que eso atraiga.
He aquí el hecho que distingue esta pelea de una guerra de zonificación ordinaria: la constitución de Michigan da a sus universidades públicas una autonomía inusual, y la zonificación local generalmente no las alcanza. Un municipio que prohibió los centros de datos podría igual encontrarse uno en tierra universitaria — por eso una comunidad que ya aprobó sus resoluciones y su moratoria habla de demandas y asambleas en vez de permisos, y por eso Stumbo se estiró más allá del libro de ordenanzas para decir que la universidad «no tiene el derecho constitucional de dañar a la gente». U-M, por su parte, dice que el sitio cubrirá sus necesidades de energía y agua «preservando los rasgos naturales» y con zonas de amortiguamiento hacia casas y parques vecinos. El lugar para oír a ambos lados decirlo en voz alta: una asamblea comunitaria, el 9 de septiembre, en el Ann Arbor Marriott Ypsilanti at Eagle Crest.
Y dé un paso atrás, porque este periódico ya estuvo aquí — cuatro veces en un mes. Oregon llevó un campus de datos de Vantage hasta una campaña de firmas. Findlay debatió una ordenanza de centros de datos para una zona industrial que contiene, según el propio conteo de la ciudad, cero parcelas elegibles. Al municipio de Middleton le aprobaron por vía rápida la planta de gas de 350 megavatios de un proyecto de Meta, sin audiencia pública. Ahora el municipio de Ypsilanti recibe el más grande hasta la fecha, de un casero contra el que no puede zonificar. El centro de datos ya no es una historia de negocios que visita la región de vez en cuando. Es la pelea de uso de suelo de la década en la región, llegando municipio por municipio — y desde esta semana, los candidatos a gobernador de Ohio hacen campaña con sus planes de centros de datos. El libro mayor hasta ahora:
*La pestaña dice hectáreas solo por terquedad tipográfica; son acres en ambos idiomas.