The Lake Erie Inquiry
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El alcalde de Oregon ordena a su socio de desarrollo dejar la oficina municipal
El alcalde, miembros del concejo y la directora de la OEDF intercambian acusaciones a una semana de que los vecinos voten sobre el acuerdo del centro de datos
El alcalde de Oregon, Steven Salander, ordenó a la fundación de desarrollo económico de la ciudad dejar la oficina municipal que ocupa. El lunes por la noche, un concejal le dijo que no tenía autoridad para hacerlo, y la directora jurídica de la ciudad dijo que el aviso podría no ser válido.
“¿Es correcto que hemos dado un aviso de desalojo a la Fundación de Desarrollo Económico de Oregon para que salga de ese edificio?”, preguntó el concejal Dennis Walendzak justo después del informe del alcalde.
“Sí, sí, lo hice”, dijo Salander. “Claro que sí”.
“Usted no tiene autoridad para hacer eso”, respondió Walendzak. “Esa es autoridad del concejo municipal”.
La disputa por el alquiler venía con una complicación. Según lo entendía el director de finanzas, Nick Roman, la ciudad dejó de cobrarle a la fundación cuando su director anterior pasó a ser empleado municipal. Cuando eso volvió a cambiar —la directora actual de la fundación no es empleada de la ciudad—, la oficina gratuita se mantuvo.
Para el final de la reunión, Salander había invocado la deuda personal de la directora de la fundación, una concejala se había ofrecido a jurar sobre una Biblia por una carpeta que se llevó a su casa, y otra le había dicho al alcalde que no fue elegido rey.
“Y usted tampoco es una reina”, respondió él.
A ocho días de la votación de Oregon sobre los centros de datos, la pelea de la ciudad con su socio de desarrollo se desbordaba por la sala del concejo.
Una disputa de oficina con mucho más en juego
La Fundación de Desarrollo Económico de Oregon, conocida como OEDF, es una organización sin fines de lucro aparte que trabaja con la ciudad en proyectos de desarrollo. También es dueña de terrenos vinculados al proyecto propuesto de Vantage Data Centers.
La fundación y la ciudad firmaron, como los dos vendedores, un acuerdo de compraventa de 2024 por unos 168 acres en las calles Corduroy y Wynn. Capacity LLC, una empresa de Florida, acordó comprar la propiedad en 2024; de las cinco parcelas que el acuerdo enumera como de propiedad plena, la fundación posee cuatro y la ciudad una, y la fundación tiene opciones de compra sobre otras nueve. La fundación ha señalado a Vantage Data Centers como el usuario previsto.
El 3 de noviembre, Oregon vota la Medida 25, una enmienda a la carta municipal para prohibir centros de datos de más de 25 megavatios. Los comentarios públicos del lunes reflejaron lo que está en juego: maestros y padres sostuvieron que el proyecto podría ayudar a financiar las escuelas, los opositores plantearon preocupaciones por el ruido y los vecindarios cercanos, y algunos residentes pidieron recordar que seguirán siendo vecinos después de la elección.
El contrato de la oficina de la fundación es un asunto distinto de esa venta de terrenos. También lo es un acuerdo más amplio sobre la relación de la fundación con la ciudad. Tanto el arreglo de la oficina como ese acuerdo más amplio siguen en disputa.
Cómo dejó de pagarse el alquiler
Salander dijo que la fundación no había pagado alquiler “desde mayo de 2018”. Roman creía que el último pago fue en mayo de 2017, bajo un contrato de 2016 que fijaba $500 al mes.
Roman explicó que un director anterior de la fundación pasó a ser empleado municipal, con la ciudad pagando el sueldo. Entendía que la ciudad entonces dejó de cobrar alquiler por una oficina ocupada por su propio empleado.
Cuando el puesto volvió a la fundación, dijo Roman, los cambios de administrador municipal, director de finanzas y director de la fundación hicieron que quienes asumieron no supieran del contrato original. “Creo que todos cargamos con una parte de la culpa de eso”, dijo.
Salander dijo que la fundación debería haber reanudado los pagos. La ciudad ofreció un nuevo contrato en junio, dijo, y “no quisieron firmarlo”. Roman dijo que la Cámara de Comercio, otro inquilino en espacio municipal, paga $400 al mes.
La directora jurídica, Chynna Fifer, dijo que el concejo autoriza o rescinde los contratos de arrendamiento y que el alcalde ejecuta esas decisiones. Describió el arreglo de la fundación como mes a mes, aun sin un contrato escrito vigente. Sabía que había conversaciones en marcha, pero no sabía que el alcalde entregaría el aviso ese día.
Cuando el concejal Steve Hornyak le preguntó si el aviso de 30 días era por lo tanto inválido, respondió: “Potencialmente no válido, correcto”.
El acuerdo de financiamiento más amplio también estaba estancado. La concejala Beth Ackerman describió el aporte anual de la ciudad a la fundación como $100,000. Pero el administrador municipal, Brodin Walters, dijo que el financiamiento insuficiente de la ciudad era un obstáculo para firmar el nuevo acuerdo, que “sigue sin ejecutarse”. Su explicación no precisó cuánto financiamiento faltaba.
Rebecca Bennett, la directora ejecutiva de la fundación, había anticipado que la reunión del lunes sería combativa al publicar el domingo por la noche un mensaje en redes sociales en el que acusaba a los dirigentes de la ciudad de ocultarle al concejo las cartas de apoyo a la fundación. Incluyó una captura de un correo del 10 de marzo en el que el director de servicios públicos, Paul Roman, le pedía añadir dos líneas de ingresos al presupuesto 2026 de la fundación: $80,000 de inversionistas y $100,000 de Oregon. Salander respondió el mismo día: “En este momento yo no agregaría los $100,000 de Oregon en su presupuesto”.
Ese intercambio formó parte de una cadena que Bennett inició el 6 de marzo, cuando escribió al presidente del concejo, Paul Drake, con copia a la secretaria del concejo, al alcalde, al director de servicios públicos Paul Roman y a miembros de la junta de la fundación, y pidió que las cartas de apoyo se “compartieran con los miembros del Concejo y se incluyeran en los materiales de la próxima reunión del Concejo”. Las 20 cartas, las que llevan fecha escrita entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, vinieron de empleadores como Toledo Refining Company, la refinería de Cenovus en Toledo, Mercy Health St. Charles, Rudolph Libbe Group y GenoaBank, y de Jim Fritz, entonces superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Oregon. Al menos tres vinieron de los empleadores de dirigentes de la fundación: su presidente según su última declaración de impuestos, Craig Albers de Mercy, y directivos de la junta que trabajan en Rudolph Libbe y GenoaBank.
La disputa se vuelve personal
Unos 20 minutos antes del informe del alcalde, Bennett había tomado el micrófono diciendo que estaba allí “sin representar a ninguna organización, solo yo misma, una residente, una contribuyente de Oregon y madre de tres hijos”.
Cuestionó a Salander por sus críticas públicas a su desempeño laboral, entre ellas, dijo, su afirmación de que ella había perdido empresas.
“¿Qué empresas, y dónde está la prueba?”, preguntó.
Salander dijo que los dueños de los negocios acudieron a él por su cuenta y se sintieron “desatendidos e ignorados”. Bennett dijo que el alcalde había afirmado que la directora jurídica le aconsejó no hablar de ellos.
En su informe, Salander dijo que quería salvaguardas para el dinero público y los terrenos en manos de la fundación, incluida una fianza para su directora. También dijo que la ciudad había pedido estados de cuenta bancarios sin recibirlos.
Luego, sin nombrar a Bennett, dijo a la sala que la directora tenía un “embargo público” por una deuda impaga. La describió como “alguien que no puede manejar sus finanzas personales” puesta “a cargo de los fondos de ustedes”.
Fifer lo interrumpió: “Creo que a estas alturas, en buena parte de esto, deberíamos detener esta conversación”.
Hornyak calificó después de “inapropiados” los comentarios del alcalde sobre la directora.
Los expedientes del Tribunal Municipal de Toledo confirman las sentencias por deuda y la solicitud de embargo. LVNV Funding, una compradora de deudas, obtuvo dos sentencias en rebeldía contra Bennett en noviembre pasado, por $937.68 y $1,273.33 sobre cuentas. En febrero pidió embargar su salario por la sentencia menor, y nombró a la fundación como su empleadora. La notificación del tribunal a la fundación volvió sin reclamar en abril. La sentencia mayor se marcó como pagada en junio.
Esos expedientes acreditan las deudas. No acreditan que Bennett haya manejado mal el dinero de la fundación.
La carpeta se va a casa
Bennett también interrogó a Ackerman por haberse llevado a casa en agosto el expediente del concejo sobre la fundación y haberlo conservado dos meses. Ackerman, que integra los comités de desarrollo económico y finanzas del concejo, dijo que estaba investigando la historia de la organización y que no se llevó ningún original.
Bennett dijo que había recibido en su casa correo de odio, amenazas y “paquetes perturbadores”, entre ellos anticoncepción de emergencia, y que había presentado varias denuncias policiales. Dijo que Ackerman solicitó registros sobre sus denuncias la misma semana en que llegaron los paquetes.
“No la acuso de haber enviado nada”, le dijo Bennett a Ackerman, “pero le pregunto por qué motivó esa solicitud”.
El residente P.J. Kapfhammer leyó entonces correos municipales sobre la carpeta. Según un correo del 20 de octubre que leyó en voz alta, a Fifer le habían dicho que el alcalde autorizó a Ackerman a llevarla a casa el 20 de agosto. La respuesta de Salander esa noche decía que “el permiso era solo para verlos en mi oficina, pero no había permiso para sacarlos del edificio”.
“Primero quisiera saber quién miente aquí”, dijo Kapfhammer.
Salander respondió que la carpeta contenía copias.
“Lo juraré sobre una Biblia con una declaración jurada”, dijo Ackerman. “No me llevé ningún original”.
Fifer dijo que había confirmado que los originales estaban en el departamento de finanzas, que revisó las opiniones de ética del estado y que no halló infracción. Aún así, quería una política clara contra sacar archivos municipales del edificio.
La explicación de Ackerman sobre por qué quería los documentos fue más allá de la carpeta. En su informe posterior, cuestionó cómo el arreglo con la fundación pasó de fondos municipales de contrapartida a un aporte anual fijo, y cómo manejó terrenos adquiridos con dinero público. Dijo que quería rendición de cuentas sobre las finanzas y los bienes de la organización.
“Usted no fue elegido rey”
La queja de la concejala Kathy Pollauf era quedar fuera: el concejo se enteraba de los asuntos de la ciudad por las redes sociales.
Preguntó quién había retirado una propuesta de enmienda a la carta municipal sobre las sesiones ejecutivas a puerta cerrada.
“Sí, yo pedí que se retirara”, dijo Salander. Defendió su facultad de retirar una propuesta de la administración y dijo que dos miembros del concejo podían presentarla por su cuenta.
“Usted no fue elegido rey”, le dijo Pollauf.
“Y usted tampoco es una reina”, respondió Salander.
Una cuestión de orden interrumpió el intercambio. El concejo tomó después un receso de 13 minutos.
Cerca del final, el presidente del concejo, Paul Drake, describió encuentros con residentes que le piden su opinión sobre el centro de datos y luego “quieren criticar cada detalle y quejarse”.
También pidió al público salir hacia sus autos dentro de los 15 a 20 minutos posteriores al cierre, con la policía vigilando, tras lo que llamó “un incidente” dos semanas antes.
El aviso a la fundación quedó sin resolver. El concejo no votó esa noche para autorizarlo ni retirarlo. Fifer dijo que quería más conversaciones con la parte de la fundación antes de una decisión y que informaría al concejo por correo electrónico porque, dijo, sin sesiones ejecutivas no hay otra manera de compartirlo.
Fuentes: grabación del Concejo de la Ciudad de Oregon, 26 de octubre, comentarios públicos e informes; acuerdo de compraventa de la ciudad con Capacity LLC, 14 de noviembre de 2024; Tribunal Municipal de Toledo, CVF-25-10223 y CVF-25-10503.
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Código de la nota LEINQ-261027
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